Todos contra la violencia doméstica

Cynthia M. Boehmer, Project Coordinator and Margaret Reyes, Chair of the Immigration Subcommittee

Nadie puede acabar con la violencia en los hogares por sí solo; esta es una lucha que involucra no sólo a la familia, y para ser efectiva debe contar con los esfuerzos de muchas organizaciones que ofrecen servicios de apoyo y educación. Para ello se creó en entre otras en Delaware el Consejo Coordinador de la Violencia Doméstica (DVCC según sus siglas en inglés) que junto a la Coalición Contra la Violencia Doméstica de Delaware forman las dos entidades más importantes a nivel de coordinación.

El DVCC por su parte busca una respuesta más efectiva para aquellos que han sufrido el impacto de la violencia doméstica y para ello reúne tanto a los proveedores de servicios como a legisladores para identificar e implementar un sistema de respuesta a través de la legislación, educación y desarrollo de políticas con el fin de reducir la incidencia de la violencia doméstica y el abuso en todas sus formas.

Cynthia M. Boehmer, Coordinadora de Proyectos y Margaret Reyes, Presidenta del Subcomité de Inmigración, explican algunos aspectos del funcionamiento de este consejo.

El consejo opera como pequeño presupuesto y por votación distribuye el dinero federal de un millón de dólares que se aporta a diferentes instituciones que llevan a cabo los programas a nivel estatal. También estudian los servicios de las cortes, procedimientos legales y recogen información vinculada a la violencia domestica; promueve la prevención, intervención y técnicas de tratamiento basadas en la información recolectada, y recomienda políticas a seguir por diferentes instituciones involucradas en reducir los índices de violencia familiar en Delaware.

Un aspecto a tratar es la definición misma de la violencia domestica basada en el uso de poder y control en forma de patrón de conducta abusiva y controladora que tienen lugar en una relación intima y que a menudo afecta a toda la familia. Con esto en mente, es fundamental además para la comunidad hispana saber y comprender que existen leyes que la amparan, como es el caso del Acta de la Violencia contra las Mujeres de 1994, que fue preparada por el Vicepresidente Joe Biden cuando era senador por Delaware y que fue en su momento aprobada como ley federal.

“La ley VAWA (por sus siglas en ingles) contempla que si una mujer o un hombre indocumentado es víctima de violencia domestica y está casado con un ciudadano norteamericano, o residente legal pueden solicitar protección y estatus para permanecer en los estados Unidos para ellos y sus hijos,” explica Reyes.

También existe la U visa para víctimas de crímenes que no tienen documentos y, como sabemos, la violencia domestica es un crimen. El propósito de esta visa es darle a las victima de ciertos crímenes un estatus legal temporal y elegibilidad para trabajar en los Estados Unidos hasta un total de 4 años. Sólo se aceptan hasta 10.000 por año fiscal. Los miembros de la familia también pueden ser incluidos en la petición, a saber, cónyuges, niños, hermanas solteras y hermanos menores de 18, madres, padres así como padres adoptivos y padrastros. Si una visa U es aprobada, automáticamente se le permite trabajar en los Estados Unidos y solicitar el número de seguro social.

“Muchas veces el primer paso que la persona debe dar si siente que está en peligro es llamar al 911, y aclara Reyes, “pero sabemos que muchas víctimas inmigrantes tienen miedo de reportar a la policía un crimen, por lo que deben acudir al centro comunitario más cercano, su iglesia o a un defensor público e iniciar un proceso civil en un juzgado de familia pidiendo una orden de protección (PFA

Lo importante en todo caso es saber que no hay porque soportar un abuso, sobre todo como medida de proteger a los hijos como es a menudo el caso con muchas mujeres. Es fundamental entender que en una situación de abuso el daño a los menores es mucho más grave si se continúa la relación como si no pasara nada.

En los últimos años, desde que se creó este Consejo, se ha hecho patente la necesidad de facilitar servicios en su lengua a las víctimas que sólo hablan español, de ahí que las agencias con un perfil más ajustado a esa necesidad cultural y lingüística están en mejor situación de recibir fondos para operar sus programas. También dentro del Acta de Recuperación de la administración Obama se ha dedicado dinero específicamente a luchar contra la violencia doméstica en las comunidades inmigrantes, que contempla no sólo a la hispana. Tal como anuncio el Senador Kaufman el lunes 18 de octubre, con motivo del quinceavo aniversario de la fecha en que se aprobó dicha legislación en una conferencia organizada por la Coalición Contra la Violencia Doméstica de Delaware (DCADV según sus siglas en inglés). Según el senador, el Acta de Recuperación ha mantenido al menos 21 puestos de trabajo y creado al menos 6 nuevos puestos a tiempo completo y parciales en Delaware para ayudar a víctimas de abuso. “El dinero ha sido repartido entre 15 agencias y sirve para crear y/o continuar unos servicios increíbles.” Durante el evento el Senador Kaufman también resalto la labor de advocacía de la Coalición Contra la Violencia Doméstica de Delaware. “Sus esfuerzos de educación pública, sus iniciativas de entrenamiento y su labor de advocacía ha salvado a innumerables familias. “Su trabajo con las comunidades del sistema de justicia criminal, salud, educación, advocacía y servicio social ha facilitado la creación de políticas efectivas y programas para adultos maltratados y para sus hijos. Los problemas existentes son difíciles, pero juntos continuaremos ayudando a aquellos que más lo necesitan.”

En definitiva la violencia doméstica es asunto de todos y requiere tanto al ciudadano de a pie como legislación fuerte y contundente para luchar contra este mal de nuestra sociedad.

Everyone against Domestic Violence

Nobody can end violence in the home on their own; this is a fight that not only involves the family, and to be effective it must recruit the efforts of support services and education from many organizations. That is why among others, the Domestic Violence Coordinating Council was created in Delaware (DVCC). Along with the Delaware Coalition Against Domestic Violence is part of the two most important entities at the coordinating level.

The DVCC on its part seeks the most effective response for those who have suffered the impact of domestic violence and for this they gather both service providers as well as legislators to identify and implement a response system through legislation, education and development of policies with the purpose of reducing the incidence of domestic violence and abuse in all its forms.

Cynthia M. Boehmer, Project Coordinator and Margaret Reyes, Chair of the Immigration Subcommittee, explain some of the aspects of the operation of this council.

The council operates as a small budget and through voting distributes the Federal funding of one million dollars that is provided to different institutions to carry out programs at statewide level. They also study the services of the courts, legal procedures and they gather information regarding domestic violence; they promote prevention, intervention and treatment techniques based on the collected information, as well as recommends policies to be followed by the different institutions involved in reducing the incidence of family violence in Delaware.

One aspect to consider is the definition itself of domestic violence based on the use of power and control as a pattern of controlling and abusive behavior that take place in an intimate relationship and which often affect the entire family. With this in mind, it is also important for the Hispanic community to know and understand that there are laws that protect them, as is the case of the Violence Against Women Act (VAWA) of 1994, passed by Vice President Joe Biden when he was a Senator for Delaware and which at the time was passed as a Federal law.

“The VAWA contemplates that if an undocumented woman or man is a victim of domestic violence and is married with an American citizen or legal resident, they may request protection and status to remain in the United States for themselves and their children,” explains Reyes.

There is also the U Visa for victims of crime that are undocumented, and as we know, domestic violence is a crime. The purpose of this visa is to provide all victims of certain crimes eligibility to work in the United States for up to 4 years. Only 10,000 are accepted per fiscal year. The members of the family may also be added in the petition, including, spouse, children, single sisters and brothers under 18, mothers, fathers as well as adoptive parents and step parents. If a U Visa is approved, the person is automatically allowed to work in the United States and request a Social Security number.

“Often the first step the person must take if she feels in danger is to call 911, and Reyes clarifies, “but we know that many immigrant victims are afraid of reporting a crime to the police, in which case they should go to the closest community center, or their church or to a public defender and initiate a civil process at a family court filing for a protection from abuse order (PFA).

What is important in any case is to know that there is no reason to take abuse, especially as a means to protect the children. It is important to understand that in a situation of abuse the harm to minors is much more serious if the relationship is continued as if there was nothing wrong.

In the past years, since the DVCC was created, it became evident that there is a need to provide services in the language of the victims that only speak Spanish. That is why agencies with a profile that meet those cultural and language criteria more closely have a better chance of receiving funding for their programs. Also within the Recovery Act of the Obama Administration money has been specifically destined to the fight against domestic violence among immigrant communities, and not only the Hispanic ones. This was announced by Senator Kaufman on Monday October 18, coinciding with the fifteenth anniversary of the date in which this legislation was approved in a conference organized by the Delaware Coalition Against Domestic Violence (DCADV). According to the Senator, the Recovery Act has kept at least 21 employment positions and created at least 6 new full time and part time positions in Delaware to help victims of abuse.

“The money is spread around 15 agencies and creates and/or continues some amazing services.” During the event Senator Kaufman also mentioned the advocacy work of the Delaware Coalition Against Domestic Violence. “Your public education efforts, training initiatives, and advocacy have saved so many families,” Sen. Kaufman told the audience. “Your work with the criminal justice, health care, education, advocacy and social service communities has facilitated effective policies and programs for battered adults and their children. The problems are difficult, but together, we will continue to help those who need it most.”

In summary, domestic violence is everyone’s business and requires the involvement of both the regular citizen as well as strong and powerful legislation to fight against this illness of our society.

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