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El Seguro Social anuncia aumento de beneficios para 2018


El Seguro Social anuncia un aumento de 0.3% en la cantidad de los beneficios para el año 2018


Social Security Announces Benefit Increase for 2018

Social Security Announces 2.0 Percent Benefit Increase for 2018

Cobertura médica justa para terapias avanzadas



Nueva ley exige que las compañías de seguros cubran medicinas médicamente apropiadas para los pacientes con cáncer con metástasis.


Fair health coverage for advanced therapies

New Law Requires Insurance Companies to Cover Medically Appropriate Drugs for Metastatic Cancer Patients

Deportes/Sports

Voces Cubanas



El Festival Smithsonian Folklife presenta el concierto de Camerata Romeu


Cuban Voices

Smithsonian Folklife Festival Presents Camerata Romeu Concert

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Vivienda/Real Estate

El Senado Republicano ha fracasado


El Senado falla en los últimos esfuerzos por socavar ACA y despojar de cobertura de salud a millones de estadounidenses.


The Republican Senate has failed

Senate Fails in Latest Efforts to Undermine the ACA and Strip Health Coverage from Millions of Americans.

Salud/Health

Advertencia para personas mayores



Compañías de seguros de salud sin licencia atentan contra los ancianos de delaware.


Warning to seniors

Unlicensed health insurance companies targeting Delaware seniors.

Editorial/Editorial

Editorial


Hoy estamos en capacidad de dar una mano a nuestros hermanos boricuas.


Editorial

Today we are able to give a hand to our Boricua brothers and sisters.

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Propuesta de Ley 1018 (Bill S. 1018)


El Tiempo Hispano

29 people lost their lives as the result of public demonstrations and protests in Venezuela in April 2017 (72 by June 7)




La Propuesta de Ley 1018 (Bill S. 1018) busca proporcionar ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela, defender la gobernabilidad democrática y combatir la extendida corrupción pública en Venezuela, así como otros propósitos.

La oficina del senador Chris Coons informó que el pasado 7 de junio el senador por Delaware al Congreso de los Estados Unidos se unió como co patrocinador (cosponsor) a esta propuesta de ley que busca, entre otras cosas, apoyar las acciones de los grupos de oposición que piden la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela de una manera pacífica.  La relación de Delaware y Venezuela en parte se debe a que la empresa CITGO, que pertenece al estado venezolano y es dueña de la sexta refinería más grande de los Estados Unidos, está incorporada en Delaware.

Según la oficina del Senador Coons los principales puntos de la propuesta incluyen:

Pide al presidente venezolano Maduro que permita la asistencia humanitaria, que libere inmediatamente a todos los presos políticos y que solicite ayuda a las instituciones financieras internacionales.

Autoriza $10 millones para que el Departamento de Estado y USAID trabajen a través de organizaciones no gubernamentales independientes para proporcionar medicamentos, suplementos nutricionales y asistencia técnica para mejorar la distribución de medicamentos y alimentos.

Autoriza $500.000 para apoyar futuras misiones de observación electoral de la OEA y $9.5 millones para organizaciones de la sociedad civil democrática que trabajan para defender los derechos humanos.

Requiere que el Departamento de Estado y la comunidad de inteligencia preparen un informe sobre la participación de funcionarios del gobierno venezolano en la corrupción y el tráfico ilícito de drogas.

Codifica sanciones adicionales dirigidas contra individuos que socavan la gobernabilidad democrática y están involucrados en corrupción en Venezuela.

Pide al Presidente que tome todas las medidas necesarias para evitar que Rosneft obtenga el control de infraestructura energética estadounidense.

Para llegar a esta propuesta los senadores tomaron en cuenta, entre otras cosas que el deterioro de la gobernabilidad democrática y la crisis económica en Venezuela han llevado a una situación humanitaria sin precedentes en la que la gente sufre de una grave escasez de medicamentos esenciales y productos alimenticios básicos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Venezuela tuvo una escasez de medicamentos y suministros médicos necesarios del 75 por ciento en 2016. Y como Human Rights Watch 2016 informa, es cada vez más difícil para muchos venezolanos, en particular los de familias de ingresos bajos o mediano, obtener una nutrición adecuada (hay informes de síntomas de malnutrición, particularmente en niños). A pesar de la escasez masiva de alimentos básicos y medicamentos esenciales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha rechazado reiteradas solicitudes de la Asamblea Nacional venezolana y organizaciones de la sociedad civil para llevar ayuda humanitaria al país. El Fondo Monetario Internacional ha estimado que en Venezuela en 2016 el producto interno bruto del país se contrajo un 12 por ciento y la tasa de inflación alcanzó el 720 por ciento, y ha declarado que Venezuela tiene el peor crecimiento e inflación del mundo. El Fondo Monetario Internacional no ha convocado una consulta de Junta Ejecutiva del Artículo IV para Venezuela desde el 13 de septiembre de 2004, lo que limita enormemente la información disponible a la comunidad internacional sobre la gravedad de la crisis económica venezolana.

La crisis política, económica y humanitaria de Venezuela está alimentando las tensiones sociales que están dando lugar a incidentes cada vez mayores de disturbios públicos, saqueos, violencia entre los ciudadanos y un éxodo de venezolanos al extranjero. Estas distorsiones sociales se producen en medio de un alarmante clima de violencia criminal. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Caracas, Venezuela tuvo la tasa de homicidios per cápita más alta de cualquier ciudad capital del mundo en 2015, con 120 asesinatos por cada 100.000 ciudadanos. En 2016, 18.155 venezolanos presentaron solicitudes de asilo en los Estados Unidos, que fue el mayor número de solicitudes de cualquier nacionalidad, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Los grupos internacionales y nacionales de derechos humanos, como el Foro Penal Venezolano, reconocen a más de 108 presos políticos en Venezuela, entre ellos el líder de la oposición y ex alcalde de Chacao, Leopoldo López, la juez María Lourdes Afiuni, el alcalde de Caracas, Antonio Gilberto Caro, y el ex alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos. De acuerdo con los medios de comunicación, 29 personas perdieron la vida como resultado de manifestaciones y protestas públicas en Venezuela en abril de 2017 (72 personas para el 7 de junio).

Y esta situación lleva al congreso a plantear que el presidente Maduro (a quien recientemente la Asamblea Nacional de Venezuela ha desconocido como presidente), debe permitir la prestación de asistencia humanitaria internacional para hacer frente a la generalizada y profundamente preocupante escasez de medicamentos esenciales y productos alimenticios básicos a los que se enfrenta el pueblo venezolano. Es por el bienestar del pueblo venezolano que el Gobierno de Venezuela deba trabajar con las instituciones económicas multilaterales y regionales para mejorar los efectos de la actual crisis económica, social y humanitaria del país. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, debe liberar inmediatamente a todos los presos políticos y respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente a fin de facilitar las condiciones para las negociaciones políticas y el diálogo en Venezuela. Asimismo, el Presidente Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela deben tomar medidas para restablecer los plenos poderes y autoridades de la Asamblea Nacional de Venezuela de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela debe establecer un cronograma específico para celebrar elecciones nacionales, regionales y municipales de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y Estados Unidos debe apoyar esfuerzos significativos hacia las negociaciones políticas y el diálogo a través del cual todas las partes respeten sus compromisos y acuerden plazos específicos para restablecer el respeto a los mecanismos constitucionales de Venezuela y resolver la crisis política, económica y humanitaria del país.

También esta propuesta de ley solicita la autorización de $10.000.000 para el año fiscal 2018 para llevar a cabo actividades de defensa de los derechos humanos internacionalmente reconocidos para el pueblo de Venezuela; apoyar los esfuerzos de los medios de comunicación independientes para difundir, distribuir y compartir información más allá de los limitados canales puestos a disposición por el Gobierno de Venezuela; facilitar el acceso abierto y sin censura a Internet para el pueblo de Venezuela; y para combatir la corrupción y mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones que forman parte del Gobierno de Venezuela.

Un aspecto importante es la participación de funcionarios venezolanos en la corrupción y el tráfico ilícito de estupefacientes. El deterioro de la gobernabilidad en Venezuela ha sido exacerbado por la participación de altos funcionarios del Gobierno de Venezuela, incluidos miembros del Consejo Nacional Electoral, del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad venezolanas, en actos de corrupción y tráfico ilícito de narcóticos y lavado de dinero.  Este proyecto de ley establece que, a más tardar 180 días después de la fecha de promulgación, el Secretario de Estado, actuando a través de la Oficina de Inteligencia e Investigación y en consulta con la comunidad de inteligencia, presentará un informe al Congreso que describa la participación de altos funcionarios del Gobierno de Venezuela, incluidos los miembros del Consejo Nacional Electoral, el sistema judicial y las fuerzas de seguridad venezolanas, en actos de corrupción en Venezuela, con énfasis específico en actos de gran corrupción.

Y finalmente, pero no menos importante, expresa preocupaciones sobre las transacciones de PDVSA con Rosneft.

A fines de 2016, la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), a través de una transacción sin competencia, obtuvo un préstamo de la petrolera rusa Rosneft, utilizando el 49,9 por ciento de la deuda de la subsidiaria estadounidense de PDVSA, CITGO Petroleum Corporation, incluyendo sus activos en los Estados Unidos, como garantía. Como resultado de esta transacción, el 100 por ciento de CITGO es mantenido como colateral por los acreedores de PDVSA.

El Departamento del Tesoro impuso sanciones a Rosneft, controlado por el Gobierno ruso, y a su Presidente Ejecutivo, Igor Sechin, tras la invasión militar de Rusia de Ucrania y su anexión ilegal de Crimea en 2014.

La creciente crisis económica en Venezuela plantea la probabilidad de que el Gobierno de Venezuela y PDVSA incumplan sus obligaciones de deuda internacional, resultando en un escenario en el que Rosneft podría tener el control de las tenencias de infraestructura energética de Estados Unidos de CITGO. El Presidente debe tomar todas las medidas necesarias para evitar que Rosneft tome el control de la infraestructura energética interestatal de los Estados Unidos. El incumplimiento por parte de PDVSA de su préstamo con Rosneft, que llevó a Rosneft a poseer los activos de la subsidiaria de PDVSA (CITGO) en Estados Unidos, merecería un cuidadoso examen por parte del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos. Si PDVSA incumple sus obligaciones de deuda, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Hacienda debe revisar las transacciones de CITGO con personas de Estados Unidos para evaluar y asegurar el cumplimiento de las políticas y regulaciones de sanciones de los Estados Unidos; y el Departamento de Seguridad Nacional debería realizar una evaluación de los riesgos de seguridad que plantea el control extranjero de las explotaciones de infraestructura energética de Estados Unidos de CITGO.

En virtud de la negociación de bonos de la deuda pública de Venezuela que compró Goldman Sachs en mayo por el 29% de su valor y que representó un inyección de dinero al gobierno que está ahogado en deudas, la preocupación es que las entidades financieras norteamericanas estén manteniendo a flote a un régimen que agoniza y que en su camino ya ha dejado un secuela de casi 100 muertes. De acuerdo a la oficina del Censo de EE.UU. el déficit de Venezuela en su intercambio comercial fue de 47.6 billones para abril de 2017.

 

No hace falta ser muy ducho en matemáticas para saber que como están las cosas, va a ser muy difícil que el país pague sus deudas, y el pueblo de Venezuela espera que el flujo de dinero hacia el gobierno corrupto cese de una vez por todas. No hay dinero, no hay poder.




Bill S. 1018

Bill S. 1018 is intended to provide humanitarian assistance for the Venezuelan people, to defend democratic governance and combat widespread public corruption in Venezuela, and for other purposes.

The office of Chris Coons announced that on June 7th the Delaware senator to the United States Congress joined as co-sponsor to this bill that seeks, among other things, to support the actions of groups of opposition that demand the departure of Nicolás Maduro from the presidency of Venezuela in a peaceful way. The relationship between Delaware and Venezuela is partly due to the fact that Citgo, which belongs to the Venezuelan state and owns the sixth largest refinery in the United States, is incorporated in Delaware.

According to the office of Senator Coons, the bill highlights include:

•         Calls on Venezuelan President Maduro to permit humanitarian assistance, immediately release all political prisoners, and seek assistance from international financial institutions.

•         Authorizes $10 million for the State Department and USAID to work through independent non-governmental organizations to provide medicine, nutritional supplements, and technical assistance to improve distribution of medicine and food.

•         Authorizes $500,000 to support future OAS election observation missions and $9.5 million for democratic civil society organizations working to defend human rights.

•         Requires the State Department and intelligence community to prepare a report on the involvement of Venezuelan government officials in corruption and the illicit drug trade.

•         Codifies additional targeted sanctions on individuals undermining democratic governance and involved in corruption in Venezuela.

•         Calls on the President to take all necessary steps to prevent Rosneft from gaining control of U.S. energy infrastructure.

To reach this proposal the senators took into account, among other things, that the deterioration of democratic governance and the economic crisis in Venezuela have led to an unprecedented humanitarian situation in which people are suffering from severe shortages of essential medicines and basic food products.  According to the World Health Organization, Venezuela had a shortage of necessary medications and medical supplies of 75 percent in 2016.  And as Human Rights Watch 2016 reports, it is increasingly difficult for many Venezuelans, particularly those in lower or middle-income families, to obtain adequate nutrition -there are reports of symptoms of malnutrition, particularly in children. Despite massive shortages of basic foodstuffs and essential medicines, President of Venezuela Nicolás Maduro has rejected repeated requests from the Venezuelan National Assembly and civil society organizations to bring humanitarian aid into the country.  The International Monetary Fund has estimated that in Venezuela in 2016 the country’s gross domestic product contracted by 12 percent and inflation rate reached 720 percent, and has stated that Venezuela had the worst growth and inflation performance in the world. The International Monetary Fund has not convened an Article IV Executive Board consultation for Venezuela since September 13, 2004, which greatly limits the extent of information available to the international community about the severity of the Venezuelan economic crisis.

Venezuela’s political, economic, and humanitarian crisis is fueling social tensions that are resulting in growing incidents of public unrest, looting, violence among citizens, and an exodus of Venezuelans abroad. These social distortions are taking place amidst an alarming climate of criminal violence. According to the United Nations Office on Drug and Crime, Caracas, Venezuela had the highest per capita homicide rate of any capital city in the world in 2015 at 120 murders per 100,000 citizens. In 2016, 18,155 Venezuelans submitted asylum requests in the United States, which was greatest number of requests by any nationality, according to U.S. Citizenship and Immigration Services. International and domestic human rights groups, such as Foro Penal Venezolano, recognize more than 108 political prisoners in Venezuela, including opposition leader and former Chacao mayor Leopoldo López, Judge María Lourdes Afiuni, Caracas Mayor Antonio José Ledezma Díaz, National Assembly Deputy Gilber Caro, and former San Cristobal mayor Daniel Ceballos. According to media accounts, 29 people lost their lives as the result of public demonstrations and protests in Venezuela in April 2017 (72 by June 7).

And this situation leads to the congress to argue that President Maduro (whom recently the Venezuelan National Assembly has disclaimed as President), must allow the delivery of international humanitarian assistance to address the widespread and deeply concerning shortages of essential medicines and basic food products faced by the people of Venezuela. It is in the best interest of the Venezuelan people for the Government of Venezuela to engage with multilateral and regional economic institutions to ameliorate the effects of the country’s ongoing economic, social, and humanitarian crisis. Venezuelan President Nicolás Maduro should immediately release all political prisoners and respect internationally recognized human rights in order to facilitate the conditions for political negotiations and dialogue in Venezuela. Also, President Maduro and the Supreme Tribunal of Justice of Venezuela should take steps to reinstate the full powers and authorities of the National Assembly of Venezuela in accordance with the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela. Venezuela’s National Electoral Council should establish a specific timeline to hold national, regional, and municipal elections in accordance with the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela; and the United States should support meaningful efforts towards political negotiations and dialogue through which all parties uphold their commitments and agree to specific deadlines to restore respect for Venezuela’s constitutional mechanisms and resolve the country’s political, economic, and humanitarian crisis.

This bill also requests the authorization of $10,000,000 for fiscal year 2018 to carry out activities to defend internationally recognized human rights for the people of Venezuela; to support the efforts of independent media outlets to broadcast, distribute, and share information beyond the limited channels made available by the Government of Venezuela; to facilitate open and uncensored access to the Internet for the people of Venezuela; and to combat corruption and improve the transparency and accountability of institutions that are part of the Government of Venezuela.

An important aspect is the involvement of Venezuelan officials in corruption and illicit narcotics trafficking.  The deterioration of governance in Venezuela has been exacerbated by the involvement of senior officials of the Government of Venezuela, including members of the National Electoral Council, the judicial system, and the Venezuelan security forces, in acts of corruption and illicit narcotics trafficking and related money laundering. This bill states that not later than 180 days after the enactment date, the Secretary of State, acting through the Bureau of Intelligence and Research, and in consultation with the intelligence community, shall submit a report to Congress that describes the involvement of senior officials of the Government of Venezuela, including members of the National Electoral Council, the judicial system, and the Venezuelan security forces, in acts of corruption in Venezuela, with a specific emphasis on acts of grand corruption.

And finally, but not least, it expresses concerns over PDVSA transactions with Rosneft.

In late 2016, Venezuelan state owned oil company Petróleos de Venezuela, S.A. (referred to in this section as “PDVSA”), through a no-compete transaction, secured a loan from Russian government-controlled oil company Rosneft, using 49.9 percent of PDVSA’s American subsidiary, CITGO Petroleum Corporation, including its assets in the United States, as collateral. As a result of this transaction, 100 percent of CITGO is held as collateral by PDVSA’s creditors.

The Department of the Treasury imposed sanctions on Rosneft, which is controlled by the Russian Government, and on its Executive Chairman, Igor Sechin, following Russia’s military invasion of Ukraine and its illegal annexation of Crimea in 2014.

The growing economic crisis in Venezuela raises the probability that the Government of Venezuela and PDVSA will default on their international debt obligations, resulting in a scenario in which Rosneft could come into control of CITGO’s United States energy infrastructure holdings. The President should take all necessary steps to prevent Rosneft from gaining control of critical United States interstate energy infrastructure. A default by PDVSA on its loan from Rosneft, resulting in Rosneft coming into possession of PDVSA’s United States CITGO assets, would warrant careful consideration by the Committee on Foreign Investment in the United States. If PDVSA defaults on its debt obligations, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Asset Control should review CITGO’s transactions with United States persons to assess and ensure compliance with United States sanctions policies and regulations; and the Department of Homeland Security should conduct an assessment of the security risks posed by foreign control of CITGO’s United States energy infrastructure holdings.

By virtue of the Venezuelan public debt bond negotiation that Goldman Sachs bought in May for 29% of its value, and which represented an injection of money to the government that is drowning in debt, the problem is that US financial institutions are maintaining afloat a regime that agonizes and is already responsible for almost 100 deaths. According to the US Census Bureau, Venezuela's trade deficit was 47.6 trillion by April 2017.

It does not take a lot of math to know how things are developing. It's going to be very difficult for the country to pay its debts, and the people of Venezuela expect the flow of money to the corrupt government to cease once and for all. Where there is no money, there is no power.

Nuevo Jefe de la Policía


Gabriel Pilonieta-Blanco

Robert J. Tracy Police Chief of Wilmington




Desde el 14 de abril, Robert  J. Tracy es oficialmente el nuevo jefe de la Policía de Wilmington, Delaware.

Robert Tracy tiene sangre de policía, como él mismo comenta en una conversación con el Tiempo Hispano. “A los 16 años me apunté en la academia. Ya desde esa edad sabía lo que quería lograr, y a los 20 recién cumplidos era ya un oficial de la policía de New York”.

Su padre fue investigador de homicidios por más de 30 años, y cuando el joven Robert le preguntó cuál era su mejor consejo para ser un buen policía, su padre le respondió: “Trata a todos como si fueran parte de tu familia, en otras palabras, trátalos como quieres que traten a tu familia”, recuerda al explicar por qué es tan importante tener una relación productiva con la comunidad a la que se sirve. “Todos somos un mismo cuerpo”, agrega al referirse a las empresas, los líderes religiosos los oficiales electos y la gente común y corriente que vive en la ciudad.

Tracy, quien es padre de 5 hijos, tomó la decisión de mudar a su familia desde Chicago, donde ocupó la posición de segundo al mando de la policía de esa ciudad, con más de 13.000 oficiales a su cargo, para hacerse cargo del departamento de policía de Wilmington. Al renunciar a esa posición aceptó trabajar en una empresa como vicepresidente senior de United Security Services Inc., una compañía de consultoría con sede en Chicago. Pero cuando se abrió la vacante de jefe de la policía en Wilmington, Tracy dijo que no pudo resistirse a solicitar la oportunidad de trabajar en la policía de nuevo.

 

"Hablé con mi esposa y ella dijo: ‘esta es la profesión que amas", comentó él. "Esta es mi vocación, probablemente no estaba listo para estar en el sector privado el resto de mi vida". Resultó seleccionado de una lista de 35 candidatos y ya está en el proceso de instalarse en la ciudad y conocerla. Desde abril ha estado participando en reuniones con diferentes asociaciones de la ciudad para conocer sus inquietudes, entre ellas el Centro Comunitario Latinoamericano y la parroquia San Pablo en la calle 4.

Carlos, un residente de la ciudad por más de 15 años, señala que el hombre da una buena intención, tiene un montón de experiencia y parece saber qué se puede hacer para reducir el crimen en Wilmington.

De hecho es un hombre accesible al que contactamos para solicitar una entrevista, la cual nos fue concedida de inmediato, en un ambiente francamente distendido, tal como los describe Fernando, quien trabaja en una agencia de ayuda a la comunidad. “Es un hombre de buen trato y se muestra legítimamente interesado por la opinión de los demás”.

En esta conversación Tracy explicó que está trayendo a Wilmington un sistema de datos y una filosofía llamada CompStat, que tuvo éxito en sus posiciones anteriores en Nueva York y Chicago. Estrategias estas que resultaron en la tasa de homicidios más baja en 50 años en la ciudad de Chicago. Parte de ese programa es Inteligencia Precisa y Correcta, Tácticas Efectivas, Despliegue Rápido y Seguimiento y Evaluación Implacables.

Tracy está ordenando a los detectives que investiguen las redes personales de las víctimas de disparos inmediatamente después de cada incidente, en un esfuerzo por evitar represalias. Este no es un concepto nuevo, dijo, pero está responsabilizando a los funcionarios para hacer de este un procedimiento operativo estándar. El departamento tiene información sobre los asociados y enemigos de una víctima, dijo Tracy, y "simplemente no lo estamos usando".

Ante la curiosidad de saber por qué cambia una ciudad como Chicago por Wilmington, responde sin dudar, “Es un reto que yo acepto, yo sé que la ciudad está en problemas y por eso creo que puedo hacer mi trabajo, pero solo es posible trabajando con la comunidad, todos lo vamos a hacer juntos”. También piensa que sus años de servicio exitoso en los departamentos de policía de New York y Chicago le dan las herramientas para poner en marcha un plan que dé resultados muy pronto, “Quisiera que fuera ayer”, acota bastante serio.

No en balde ha sido invitado a dictar conferencias en muchas ciudades de Estados Unidos y llegó hasta Cali, Colombia a una conferencia sobre prevención de la violencia en la que tuvo que hablar en español por una semana, y cree que lo hizo bastante bien.

Tracy considera importante que los oficiales de policía  conozcan bien a la comunidad a la que sirven y el jefe está animando a los oficiales a recorrer sus zonas en lugar de quedarse en sus autos, una fuente de quejas frecuentes de los residentes de la ciudad.  “Me gusta que mis oficiales salgan de sus autos”, dijo Tracy. Es importante que la gente los vea como parte de la comunidad y no como una fuerza invasora, me dio a entender.

"Creo que le va a devolver el orgullo a las divisiones de patrulla", dijo él. "Ahora patrullar es casi como un castigo... No debería ser así. Patrullar debería ser el trabajo más importante en ese departamento".

 

Fue una conversación que se prolongó por casi una hora aunque estaba programada para 30 minutos. El flamante jefe tuvo tiempo de compartir algunas anécdotas de su vida y su matrimonio con Brenda, su esposa puertorriqueña, a quien ve como un ejemplo de cómo es factible superar las adversidades trabajando con pasión. “Ella sabe que me pasión es la policía y me apoya completamente”. Le gusta jugar básquet y es entrenador desde hace años. Esperamos que su entusiasmo y su experiencia den frutos muy pronto.




The New Chief of Police

As of April 14, Robert J. Tracy is officially the new Police Chief of Wilmington, Delaware.

Robert Tracy stated in a conversation with El Tiempo Hispano that he has police blood in his veins, “At 16 I enrolled in the academy; since that age I knew what I wanted to achieve, and by the time I turned 20, I was already a police officer of New York”.

His father was a homicide investigator for more than 30 years, and when young Robert asked what was his best advice to be a good cop, his father replied: “Treat everyone as if they were part of your family, in other words, treat them as you want them to treat your family," he recalls while explaining why is it so important to have a productive relationship with the community one serves. “We are all one body,” he adds as he refers to businesses, religious leaders, elected officials and ordinary people who live in the city.

Tracy, who is the father of 5, made the decision to move his family from Chicago -where he held the position of second in command of that city's police force with more than 13,000 law enforcement officers- to take over the Department of Police of Wilmington. In giving up this position, he accepted to work in a company as senior vice president of United Security Services Inc., a Chicago-based consulting company. But when the chief position in Wilmington opened up, Tracy said he couldn't resist applying for the chance to work in policing again.

 

“I talked to my wife and she said: 'this is the profession you love'," he said. "This is my calling. I probably wasn’t ready to be in the private sector the rest of my life."

He was selected from a list of 35 candidates, and is already in the process of getting settled in the city and getting to know it. Since April he has been participating in meetings with different associations of the city to learn about their concerns, among them the Latin American Community Center and the San Pablo parish at 4th street.

Carlos, a resident of the city for more than 15 years, comments that Tracey has good intention as well as a lot of experience, and seems to know what can be done to reduce crime in Wilmington. In fact, he is an accessible man whom we contacted to request an interview, which was granted to us immediately, in a frankly distended environment, as described by Fernando who works in a community aid agency. "He is an easy-going man and is legitimately interested in the opinion of others."

In this conversation Tracy explained that he is bringing to Wilmington a data system and philosophy called CompStat, which he said was successful in his previous positions in New York and Chicago. Strategies that resulted in the lowest murder rate in 50 years in the City of Chicago. Part of that program is Accurate and Timely Intelligence, Effective Tactics, Rapid Deployment & Relentless Follow-up & Assessment. Tracy is ordering detectives to investigate the personal networks of shooting victims immediately after every incident in an effort to prevent retaliation. This isn’t a novel concept, he said, but he’s holding officers accountable for making it standard operating procedure. The department has information on a victim's associates and enemies, Tracy said, and "we're just not using it."

We were intrigued to know why he would change a city like Chicago for Wilmington, to which he responds without hesitation, "It's a challenge that I accept. I know the city is in trouble and that's why I think I can do my job, but it's only possible working with the community, we're all going to do it together." He also thinks his years of successful service in the New York and Chicago police departments give him the tools to launch a plan that will yield results very soon. "I wish it were yesterday," he says fairly serious.

He has been invited to lecture in many cities in the United States, and he went to Cali, Colombia, to a conference on violence prevention in which he had to speak in Spanish for a week and believes that he did quite well.

Tracy believes it is important for police officers to be well acquainted with the community they serve and the chief is encouraging officers to walk their beats instead of staying in their cars, a source of frequent complaints from city residents. “I like my officers getting out of their cars,” Tracy said. It is important that people see them as part of the community and not as an invading force, he insinuated me.

"I think he's going to bring pride back to the patrol divisions," he said. "(Now) patrol is almost like a punishment. … That’s not the way it should be. Patrol should be the most important job in that department."

 

It was a conversation that lasted for almost an hour, although it was originally scheduled for 30 minutes. The new boss had time to share some anecdotes of his life and his marriage to Brenda, his Puerto Rican wife, whom he sees as an example of how it is feasible to overcome adversity by working passionately. "She knows I'm passionate about the police and supports me completely." He likes to play basketball and has been a coach for years. We hope his enthusiasm and his experience will bear fruit very soon.

Vida/Life

La Academia Las Américas se consolida.



Con la puesta en funcionamiento de su edificio completamente renovado La Academia Aspira en Newark, Delaware se perfila como una de las mejores opciones educativas bilingües en el condado New Castle.


Las Américas Academy strengthens

With the commissioning of its completely renovated building Las Américas ASPIRA Academy in Newark, Delaware is emerging as one of the best bilingual educational options in New Castle County.

Fundación Forgotten Few



La Fundación Forgotten Few, una colaboración de Miguel Moda Barbería y Bruny Mercado, llevó a cabo una nueva campaña en la Iglesia de San Pablo el 20 de agosto..


The Forgotten Few Foundation

The Forgotten Few  Foundation had a 2017 campaing at Saint Paul's Chruch on August 20 th.

Perfile/Profile

Nuevo Diácono Hispano



El domingo antes del eclipse, José Sánchez, un miembro de la parroquia de St. Elizabeth Ann Seton en Bear, ofició por primera vez como diácono de la iglesia católica.


New Hispanic Deacon

On Sunday before the eclipse, José Sánchez, a member of the parish of St. Elizabeth Ann Seton in Bear, officiated for the first time as deacon of the Catholic Church.

Cultura/Culture

Resurrección del Pasado



Cómo los cementerios y sus registros le hablan a los investigadores


Resurrecting the Past

How Cemeteries and Their Records Speak to Researchers

La Cultura Hispana en Delaware/Hispanic Culture in Delaware

Una para los libros



Hoy es un día sin precedentes en la historia de los Estados Unidos.


One for the record books

Today marks an unprecedented day in American history.

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